Más de 27.000 vehículos y motos hurtados en siete meses: Asopartes prende alarmas por el auge del mercado ilegal: El robo de vehículos, motocicletas y autopartes se ha convertido en una problemática de alto impacto en Colombia.
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Un panorama preocupante
De acuerdo con el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) de la Policía Nacional, entre enero y julio de 2025 se reportaron 19.638 motocicletas y 5.100 vehículos hurtados, además de 2.900 autopartes, con un impacto económico estimado en $410.000 millones.
A esto se suma el contrabando: la DIAN calcula que el 10% de los repuestos que ingresan al país lo hacen de manera ilegal. Sobre un total importado de US$2.600 millones en 2024, cerca de US$260 millones habrían entrado por canales irregulares, alimentando un mercado paralelo que afecta la seguridad vial y golpea al comercio formal.
Cómo opera el circuito ilegal
Según Carlos Andrés Pineda Osorio, presidente ejecutivo de Asopartes, el circuito de ilegalidad funciona como una cadena: inicia con el hurto, se alimenta del contrabando y termina compitiendo de manera desleal con el comercio legal.
“El resultado es doblemente grave: mayor riesgo en las vías por piezas sin certificación y menos empleo de calidad en talleres, distribuidores y fabricantes que cumplen la ley”, advirtió Pineda.
Entre las piezas más afectadas están los espejos laterales, las unidades de control electrónico (ECU) y las llantas, componentes de alta rotación por su demanda constante y facilidad de comercialización. En vehículos, las marcas más golpeadas son Toyota, Kia, Chevrolet y Mazda; mientras que en motos, Bajaj y AKT concentran gran parte de los casos.
Impacto en la economía formal
Cada pieza robada o ingresada por contrabando representa una pérdida directa para el sector legal. Esto se traduce en menor flujo de caja, mayores costos en seguros y menos inversión en inventarios y tecnología. Además, impacta la capacitación técnica de los talleres y la generación de empleos formales en toda la cadena del aftermarket automotriz.
“El impacto es transversal: cada pieza ilegal desplaza una venta legal, y con ello perdemos innovación, formación y estabilidad laboral”, agregó el directivo.
Casos que evidencian la magnitud
Uno de los hechos más recientes ocurrió el 24 de agosto en Bogotá, cuando fueron hurtadas 986 baterías Willard de una bodega de la empresa Peláez Hermanos. La pérdida, estimada en $800 millones, mostró la capacidad de las redes criminales para movilizar grandes volúmenes de repuestos hacia el mercado ilegal en cuestión de horas.
Estos casos reflejan que no se trata de pequeños robos aislados, sino de estructuras organizadas que impactan de manera directa la competitividad del sector formal.
El plan de acción de Asopartes
Ante este panorama, Asopartes propone un plan integral contra la ilegalidad, basado en cinco ejes estratégicos:
- Control y trazabilidad: reforzar inspección y vigilancia en fronteras, bodegas y comercio minorista, masificando la trazabilidad por serial en partes críticas.
- Compras seguras: promover la verificación de origen y la certificación técnica en cada transacción.
- Judicialización efectiva: priorizar la receptación de autopartes y desmantelar las cadenas de distribución ilegal.
- Cultura del repuesto legal: impulsar campañas ciudadanas, un sello de confianza en puntos de venta y listas blancas de proveedores certificados.
- Empleo y capacitación: proteger la empleabilidad con programas de formación técnica en áreas como diagnóstico electrónico, ADAS y seguridad activa.
Seguridad vial en riesgo
El uso de repuestos ilegales no solo afecta a la economía formal, también pone en riesgo la vida de los conductores. Piezas sin certificación pueden fallar en situaciones críticas, comprometiendo la seguridad en las vías. Por eso, Asopartes insiste en que la lucha contra la ilegalidad es también una apuesta por salvar vidas y mejorar la seguridad vial en el país.
Un reto colectivo
Combatir el mercado ilegal de autopartes requiere el compromiso de todos: autoridades, empresas y consumidores. Comprar en el canal formal no es solo una elección de calidad, es también una manera de restarle poder al delito, proteger empleos y fortalecer la competitividad del sector motriz colombiano.
Como lo resume Pineda: “Defender la legalidad es defender el bienestar de los colombianos”.
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